La Corte Suprema de Justicia de Colombia hizo un llamado a las autoridades para que se proteja la vida de los funcionarios públicos que laboran en las instalaciones de los juzgados penales de Tuluá, Valle del Cauca, debido al ataque terrorista del pasado 13 de setiembre.
El llamado del alto tribunal fue hecho a través de un comunicado de prensa en el que piden nuevamente que sean atendidas con prontitud las medidas de protección solicitadas por los servidores judiciales y que se prioricen la investigación y judicialización de los integrantes de las bandas criminales responsables.
El ataque terrorista se llevó a cabo con explosivos que al detonar afectaron las instalaciones dedicadas a llevar los procesos penales de esa población del oriente del departamento, dichosamente sin víctimas ni heridos.
El presidente del máximo ente judicial, Fernando Castillo, indicó que la solución idónea y oportuna a esta grave situación observada en atentados como el perpetrado en la noche del 12 de septiembre contra la sede de juzgados penales de Tuluá, debe comprender las garantías de la vida, la integridad de los servidores judiciales amenazados, el ejercicio autónomo e independiente de la función judicial en todo el país y la salvaguardia de las sedes de la justicia”.
De igual forma, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) exigió al Estado Colombiano crear y operativizar con urgencia, estrategias de seguridad y protección de jueces, juezas y fiscales debido a los altos niveles de violencia contra la integridad física de funcionarios judiciales en los últimos meses.
