ACOJUD pide intervención de CIDH por debilitamiento contra la judicatura
La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) solicitó el apoyo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para tratar de contener el debilitamiento sistemático al que se han sometido a los jueces y juezas en Costa Rica.
Lo hizo en una audiencia concedida el pasado jueves 9 de marzo por la CIDH donde se discutió sobre las “Amenazas a la Independencia Judicial en Centroamérica y Sudamérica”, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos.
En el evento, Adriana Orocú, presidenta de ACOJUD, se refirió al quebranto acelerado que viene sufriendo el Poder Judicial en los últimos 6 años por la aprobación de reformas que socavan la independencia judicial y afecta la calidad y acceso al servicio.
En concreto, se refirió a la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, aprobada en 2017, que afectó de forma radical las condiciones jubilatorias de los operadores de justicia, desconociendo los requisitos constitucionales de reforma de esta índole, con el agravante de que fue avalado por Sala Constitucionalidad apartándose del control de constitucionalidad y de convencionalidad.
A su vez, advirtió de los recortes en las remuneraciones de la judicatura y la fiscalía generadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en 2018, la cual generó que los jueces nuevos, en el mismo cargo y con las mismas funciones entren ganando un 35% menos que los que estaban en carrera judicial antes de la reforma.
Igualmente, consignó el grave daño ocasionado por la Ley Marco de Empleo Público que le otorgó al Poder Ejecutivo facultades para tener injerencias directas en la administración del Poder Judicial disminuyendo las condiciones objetivas del ejercicio del cargo al colectivo judicial.
Como consecuencia de estas medidas, Orocú alertó a la CIDH sobre el aumento en un 132% de las renuncias del personal calificado del Poder Judicial, sin posibilidad de sustituirlo en igualdad de calidad
“Todo lo narrado se da en medio de un sostenido problema de hace mucha data que agrava la independencia del gobierno judicial y es que no hay un procedimiento objetivo y transparente de elección de magistraturas sino uno de nombramientos de altísimo contenido político y sin rendición de cuentas
Por último, ACOJUD previno que la reforma promovida en la actualidad en la Asamblea Legislativa a la elección y reelección de magistrados lejos de alejar la intromisión política en la escogencia, como han solicitados organismos internacionales como la Relatoría de la Independencia Judicial de la ONU, más bien lo debilita al ampliar el sometimiento de los altos jueces a los intereses políticos.
Es por ello que, en nombre de los jueces y juezas costarricenses, ACOJUD suplicó a la CIDH llamar su atención a las autoridades costarricenses ante la situación que enfrenta el Poder Judicial para que no se debilite aún más la judicatura y que la acción no sea muy tardía.
