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SEGURIDAD CIUDADANA CON RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

07 jun SEGURIDAD CIUDADANA CON RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

SEGURIDAD CIUDADANA CON RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las asociaciones judiciales abajo firmantes, en el marco de la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, “Seguridad Ciudadana en las Américas”, realizada en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del 5 al 7 de junio del presente año, expresamos lo siguiente:

El índice de criminalidad que actualmente agobia a nuestras sociedades, es expresión para la ciudadanía de un problema de seguridad no resuelto por el Estado y, ante el temor de ser objeto de ataques a su vida o a sus bienes, la tendencia  de la población es sacrificar seguridad por libertad, lo que al final incide  en la falta de vigencia y protección de los derechos humanos.

Entre los factores que contribuyen a la inseguridad ciudadana es manifiesta  la ineficiencia del Estado para enfrentar a  la  criminalidad organizada,  la corrupción  y la impunidad.  Se echa de menos la implementación de reformas estructurales en la policía,  en los poderes judiciales y en instituciones estatales que coadyuvan con la administración de justicia.  No se han  creado soluciones eficientes para disminuir  la pobreza y exclusión extremas,  los altos índices de desempleo e impera  la  ausencia de políticas públicas de prevención del delito; por el  contrario se ha puesto en práctica  políticas de mano dura que preconizan la restricción de derechos y libertades, entre otros.

Estas  políticas de mano dura o de cero tolerancia, propugnan por el incremento de penas, la creación de nuevas figuras delictivas, las campañas de combate frontal a la delincuencia e incluso de “limpieza social”, así  como la propuesta del servicio militar obligatorio  para jóvenes en llamado riesgo social  y   la restricción de garantías procesales; sin embargo, estas políticas no producen resultados concretos y  terminan convirtiéndose en una demagogia punitiva tendiente a capitalizar reconocimiento o respaldo  para las élites políticas, sobre todo en períodos de campaña electoral.

Las políticas públicas restrictivas se encuentran ligadas al sistema de justicia penal, vinculación que puede tornarse peligrosa si se reduce al binomio seguridad-castigo,  es decir, a la idea de que el incremento del castigo penal conlleva mayor seguridad, estableciendo de forma equivocada que el indicador del combate a la criminalidad consiste en el número de personas recluidas en prisión. En concreto, esta concepción se afinca en que a los supuestos delincuentes  hay que sacarlos de las calles y para la consecución de este objetivo, el sistema de justicia penal debe actuar mancomunadamente;  bajo esta premisa se convoca  directa o indirectamente a conformar un solo frente, obviando la separación  que debe existir entre agentes de la persecución penal y los juzgadores y juzgadoras  que actúan o resuelven  en el marco del principio de independencia e imparcialidad.

Resulta contraproducente plantear el tema de seguridad bajo la premisa o discurso del “combate o guerra a la criminalidad”, por las consecuencias que esto puede tener en el sistema de justicia penal y particularmente en el Poder Judicial. En este plano insistir en la “guerra” a la delincuencia es poner en precario la separación de poderes y, en la práctica, pretender de manera directa o implícita que el poder judicial se subordine al ejecutivo, lo que constituye un atentado o perturbación a la independencia de los jueces y juezas y al sistema de pesos y contrapesos que distinguen un Estado de Derecho.

Se reconoce la importancia de la prensa en el sistema democrático. Sin embargo, cuando el manejo de la noticia judicial se vuelve tendencioso,  esta situación contribuye al aumento de la percepción de inseguridad  en los y las ciudadanos (as), presionando la ejecución de políticas penales populistas.    Asimismo, se tiende a responsabilizar a los órganos jurisdiccionales de los altos índices de delincuencia.

Ante todo lo planteado, expresamos que en nuestros países se deben estructurar políticas de seguridad ciudadana que deben comprender mínimamente los siguientes aspectos:

  1. . La eliminación de  las políticas de mano  dura o de cero tolerancia, por su ineficacia en la resolución del problema estructural de la delincuencia.
  2. El diseño de una concepción integral sobre seguridad ciudadana que incluya medidas de prevención que se dirijan a las causas de la criminalidad.
  3. El fortalecimiento institucional del Estado que permita desactivar las redes del delito con el objetivo de reducir la violencia.
  4. El compromiso estatal para  erradicar la corrupción y la impunidad.
  5. La gestión no violenta de la policía en el ámbito público.
  6. El apoyo al poder judicial.  Respeto a la Independencia  Judicial y al cumplimiento de las resoluciones judiciales, evitando  casos tan penosos como las destituciones arbitrarias de tres Jueces y una  Magistrada Hondureña y la anulación de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, por parte de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
  7. La exigencia de un compromiso responsable de los medios de comunicación, por el que se garantice la  libertad de Expresión y el derecho de los ciudadanos (as)  a ser  informados (as) objetivamente, respetando la garantías procesales como derechos fundamentales.
  8. Finalmente, demandamos la restitución inmediata  de los Jueces y magistrada destituidos en Honduras y la derogatoria de la reforma legislativa que restringe la independencia  de la Sala Constitucional de la Corte Suprema  de El Salvador.

Dado en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a los cinco días del mes de junio del dos mil once.

ASOCIACION FORO DE JUECES DEMOCRATICOS E INDEPENDEINTES  DE EL SALVADOR.

ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA DE HONDURAS

ASOCIACION DE JUECES Y MAGISTRADOS DE NICARAGUA

ASOCIACION COSTARRICENSE DE LA JUDICATURA

ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA EN EL SALVADOR