Sea parte de ACOJUD

Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Sígueme en Twitter
 

Lo técnico y lo político en las reformas penales

20 jun Lo técnico y lo político en las reformas penales

Como punto de partida debo indicar que no estimo que lo técnico (de ningún campo y menos al que me referiré) se contraponga con lo político. Antes bien, suelen ser manifestaciones de un mismo fenómeno, que se interrelacionan o complementan entre sí. Para lo jurídico, el maestro italiano Mauro Cappelletti evidenciaba esto diciendo: “…han pasado los (…) tiempos (…) en los cuales (…) podían contentarse con un estudio, puramente técnico, de prácticas y normas (…) hemos descubierto que, incorporados en esas prácticas y normas, están las grandes corrientes de la historia del hombre” (sic) (Proceso, ideologías y sociedad, 1974, p. 89).

Si bien lo técnico encierra, y es, una toma de posición política, no siempre lo político se hace con (para no mencionar referentes éticos…si se legisla con fines distintos a los declarados o si se hace en beneficio propio) los criterios técnicos, los cuales obedecen a la voluntad política otrora expresada que, por ello, o se respeta o se modifica.

Visión global. Allí es donde entra en juego la dogmática jurídica. Recordemos que el dogma es una proposición que se tiene por verdadera y de la que derivan otras, todas las cuales se conectan lógicamente (al menos eso se pretende) entre sí. Sobre esa base se han construido los diversos sistemas jurídicos. Por ello, cuando se busca crear o reformar una ley (en lo que aquí interesa, en materia penal), quien legisla no puede desconocer que ésta forma parte de un panorama jurídico más amplio, tanto de superior jerarquía (el Derecho de la Constitución que incluye, sin agotarlo, las normas y principios constitucionales y los instrumentos internacionales suscritos por el país) como tampoco que se interrelaciona con normas de igual o menor rango, todas las cuales responden a una “tradición jurídica” que, a su vez, tiene sus reglas o estructuras dogmáticas propias. Eso para aludir solo a lo normativo y no mencionar otras aristas que, aunque más importantes, voy a soslayar en este análisis.

Por ello, si se quiere hacer una reforma legal, debe verificarse si lo que se busca introducir es compatible con el Derecho de la Constitución y si, además, afecta a otro grupo normativo o a la tradición jurídica a la que esas normas responden. De existir inconciabilidad, lo razonable es que se ajuste lo-nuevo-pretendido a lo que existe, o bien, se opte por modificar todo el sistema en que se inserta la norma anhelada pues, de lo contrario, la contrariedad terminará dejando de lado uno de los dos segmentos de normas, lo que no suele ser el objetivo del cambio.

Miopía del conjunto. Esa ponderación no suele hacerse en el país. Aunque algo se ha avanzado, no sin importantes retrocesos, en torno a plantear la relación de las normas ordinarias frente al Derecho de la Constitución, no observo esfuerzos similares en el otro camino. Aunque la Ley de Tránsito sigue siendo paradigmática de lo que no se debe hacer, en ella no se agotan los ejemplos de este costumbrismo legislativo. Si no, veamos:

Personas y vacas valen igual: Un grupo de ganaderos del país, ante la sustracción de ganado que vivían, presionan porque se apruebe la ley Nº 8799 de Control de Ganado Bovino…La Asamblea Legislativa accede. Es cierto que los delitos de hurto o robo no especificaban bienes a sustraer (ni tienen porqué hacerlo, pues las normas se caracterizan por su generalidad), pero sí agravaban la sanción según el objeto sobre el que recayera la acción, siendo uno de esos el ganado (cfr. arts. 209 inc. 1 y 212 del Código Penal, en adelante C.Pe, que no fueron expresamente derogados). Entonces, aunque desde la Colonia el abigeato ha estado reprimido con cárcel, aquella ley posibilita, ahora, que “a quien hurte ganado y lo desmiembre o mate” se le impongan hasta 12 años de cárcel…la misma pena prevista, en el extremo inferior, para el homicidio simple (art. 111 C.Pe.). Es decir, a los ojos de los legisladores costarricenses, en nuestro país vale lo mismo una vaca que un ser humano. Eso no extrañaría en sociedades que protegen los animales que estiman sagrados (que, supongo, no es nuestro caso) ni tampoco para aquellas otras en donde existe una inversión ideológica o axiológica que se busca ocultar o legitimar, pero sí resulta irrazonable para un Estado que proclama que el mayor valor a tutelar es la vida humana (artículo 21 constitucional).

Temerario desprecio de la dogmática-penal. En el Parlamento se discute el exp. 15.974 para modificar los arts. 145 a 147 del C.Pe. y sancionar las afectaciones al honor cuando se efectúen “…con el temerario desprecio a la verdad”. Este proyecto, considerado por algunos medios de comunicación como necesario para obtener una mejor tutela a las libertades de expresión y prensa, incorpora la doctrina anglosajona de la “real malicia”. Según el DRAE, temerario es lo excesivamente imprudente y desprecio es el desdén o la indiferencia. Ambos conceptos remiten a la imprudencia y ésta a lo que, en Derecho Penal, se conoce como “culpa”. Quienes impulsan la iniciativa parecen desconocer que, producto de la tradición jurídica romano-germánica que seguimos: (i) en C.R. los delitos se pueden sancionar por dolo (se conoce y quiere la conducta descrita) o por culpa (no tener cuidado); (ii) los delitos se reputan dolosos y solo por excepción, y ante señalamiento expreso del legislador, se sancionan por culpa; (iii) el dolo incluye el dolo eventual (hacer previendo el resultado y aceptarlo como posible) y la culpa solo puede ser con representación (hacer previendo el resultado pero no aceptarlo como posible) o sin ella, sin que ésta tenga niveles (excesiva o temeraria, mucha, poca, etc.). Al no tenerse en cuenta eso, los delitos contra el honor, que hoy solo pueden ser cometidos sabiendo y queriendo afectar el honor (dolosamente) podrán cometerse, también, culposamente. Ergo, el margen de punición, antes que disminuirse, aumentará. Además, se crea una nueva categoría que no calza con los conceptos de dolo y culpa como los conocemos (sin grados) y que, por ello, tendría que estar contemplada en la parte general del C.Pe. (arts. 30 y 31) pero, entonces, podría incidir, en atención al principio de igualdad, en otros delitos culposos (vgr. homicidio y lesiones), nada de lo cual pretende el legislador.

Así las cosas, conviene que la Asamblea Legislativa, de previo a la aprobación de cualquier ley que incida en la materia penal, valore las consecuencias no queridas, no deseadas y no pensadas que podría tener su accionar sobre el resto de la normativa existente.

Rosaura Chinchilla Calderón

Jueza en lo penal