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La inseguridad de oficinas judiciales

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30 may La inseguridad de oficinas judiciales

MANUEL ROJAS SALAS
JUEZ DE JUICIO
ACOJUD

Nuevamente en los diarios de circulación nacional, se da cuenta, a modo de noticia, respecto de lo que se indica, sucedió en una oficina judicial en donde un funcionario se vio sujeto a una situación de peligro, que afortunadamente no pasó a más por la oportuna intervención de un miembro de un cuerpo policial que casualmente se encontraba en el lugar.

Lamentablemente, la noticia no es tal, sino que, si miramos en retrospectiva, viene a ser la reiteración, una y otra vez, de un viejo problema: la inseguridad que se vive en las diferentes instalaciones del Poder Judicial, sobre todo en oficinas que no se encuentran integradas a un circuito judicial y de zonas rurales.

Recuerdo que, hace aproximadamente una década, una buena amiga, que se había quedado trabajando en la oficina judicial (con miras a poner al día el despacho y evitar una sanción disciplinaria y con ello que su nombre se viera sometido al escarnio público) fue atacada con un ácido por una persona desconocida que se acercó a las instalaciones al amparo de la oscuridad y la escasa iluminación. Mi amiga resultó lesionada. El hecho nunca fue esclarecido.

También recuerdo que hace años dos compañeras que acababan de leer un “por tanto” de una sentencia fueron atacadas por un sentenciado enfurecido y tuvieron que huir entre los aposentos de un edificio. Hace unos meses igualmente procedimos a leer en los periódicos de que en la zona de Pavas, una oficina había sufrido el ataque de una bomba casera. Algo similar sucedió en el juzgado penal de Desamparados en donde se denunció que había tenido lugar la sustracción de unos casetes que contenían conversaciones que habían sido intervenidas por orden judicial y que debían servir como prueba en un juicio.

Igualmente recordé cuando, en los años ochenta, y yo no era sino un novato en las sedes judiciales, había tenido lugar un incendio (y luego dos) en el denominado Juzgado de Instrucción de Goicoechea y Moravia, acontecimiento en donde pude percibir que las oficinas del tercer poder de la República y baluarte de la democracia, se encontraban a la buena de Dios.

Podemos ver, entonces, que la situación de la que se dio cuenta recintemente no es sino un añejo conflicto que, hasta la fecha, no parece tener trazas de arreglarse. Los casos podrían seguirse citando y la lista seguiría creciendo.

El argumento que se indica para tratar de dar una explicación de por qué suceden estas cosas, cuando es claro que en nuestro país las situaciones que se pueden enfrentar en materia de violencia se han ido incrementando, no es otro que el presupuestario, indicándose que no es posible tener un policía en cada oficina judicial que lo requiera. Tal explicación o excusa resulta absolutamente inatendible y además es inadecuada, cuando está de por medio la integridad física de los funcionarios y las funcionarias que prestan sus servicios en el PoderJudicial.

Estamos hablando de la integridad personal e incluso de la vida de quienes con dignidad y sacrificio se hacen presentes a cumplir con su jornada laboral en las sedes judiciales y que no tienen por qué hacerlo con temor por lo que les pueda pasar. Es claro que tratándose de tales bienes jurídicos personalísimos, las excusas que atribuyen a falta de dinero, el no contar con vigilancia adecuada, ni con sedes judiciales que inspiren seguridad tanto para quienes laboran ahí como para el público que asiste en búsqueda de los servicios, carecen totalmente de sentido.

De esta forma las altas autoridades del Poder Judicial (y no los mandos medios) deben buscar soluciones urgentes y viables a este problema, que hoy no pasa de ocupar media página de uno de los diarios, pero que el día de mañana puede conllevar alguna desgracia que lamentar. Existen antecedentes como en el caso de mi amiga, en donde por poco, ella no queda contando la historia, como una consecuencia clara y patente en estos casos de inseguridad.

Ojalá que la situación vivida en la oficina de Aserrí haga que se tomen las decisiones del caso inmediatamente. De lo contrario y si se sigue pensando que las cosas algún día van a ser solucionadas, me temo que podríamos enfrentar incluso una tragedia, que sería como muchas otras de las anunciadas, y que, ahora sí, empañaría y lesionaría, interna y externamente, la imagen de nuestro Poder Judicial.