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Historia

En enero de 1993 cuando un grupo de diecinueve jueces y juezas, constituyeron la Asociación Costarricense de la Judicatura, era la primera en su género que se formalizaba en Costa Rica. El fin que los unía era la independencia del Juez costarricense. El objetivo general que nos unió fue hablar de independencia judicial, teniendo claro que la clase de independencia que propugnábamos para el Poder Judicial, implica servicio y amparo de quienes sientan más necesidad de que se haga justicia. Pero a la par, reclamábamos un espacio en el difícil y, para algunos, todavía incomprendido papel con la independencia judicial.

La independencia judicial ha de reivindicarse no sólo en lo referido a la justicia como institución, si no al juez como individuo, un juez que defienda el interés general que interviene en la vida económica y social, que crea derecho y que se encuentra incorporado  a tareas de tutela como garante de los derechos de los individuos en la Constitución.

Es pues función de la Asociación defender la independencia de los jueces frente a quien la menoscabe, no sólo como cometido político de fondo, sino arbitrando los mecanismos que faciliten una respuesta ágil contundente y por lo tanto eficaz frente a la opinión pública y perturbador.

La ACOJUD tiene entre sus fines: permitir la colaboración entre sus miembros, hacer posible la solidaridad entre ellos, potenciar la credibilidad de los jueces reforzando aquellas resoluciones judiciales más comprometidas con la función de amparo de los derechos fundamentales, revindicar la mejora cualitativa y cuantitativa de los medios personales y materiales de la administración de justicia y una mayor racionalidad de los existentes, propugnar la democratización de los órganos de gobierno del Poder Judicial y la consiguiente separación  de las funciones de gobierno de las estrictamente jurisdiccionales, promover cursos, seminarios, talleres, congresos, etc.  Estos fines van encaminados a ampliar los horizontes de debate de los jueces y revindicar el asociacionismo judicial como medio de participación en la sociedad y como mecanismo eficaz para salvaguardar la independencia judicial.

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Al principio fue una tarea complicada y difícil, pues la cúpula de nuestra institución no estaba acostumbrada a que hubiese un grupo que le cuestionase sus mandatos y que demandara ser tomado en cuanta en la toma de decisiones. Reclamábamos una mayor interrelación entre los órganos de gobierno de la institución y la asociación, pues términos generales es difícil pensar en formas eficaces de gobierno que prescindan totalmente de las expresiones y criterios de los gobernados. Las Asociaciones Judiciales agrupan a los receptores de las decisiones del Gobierno adoptadas por la Corte Plena y el Consejo Superior, por ello era necesario el reconocimiento expreso del derecho a negociar y a plantear medidas de conflicto en defensa de profesionales de los jueces; así como el reconocimiento estable y regular en aquellas decisiones que afecten a la Administración de Justicia y en el derecho a ser parte, a petición de los interesados, en los expedientes disciplinarios seguidos contra los jueces; además del reconocimiento del derecho a participar en los consejos y comisiones, reconocer las actividades y recurrir en su caso las resoluciones adoptadas por los órganos de gobierno.

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La lucha más importante a la que hemos enfrentado en estos dieciocho años de existencia ha sido contra la política del interinato, pues llegamos a tener más de un ochenta y cinco por ciento de jueces y juezas interinos en el Poder Judicial, algunos contaban con hasta ocho años de laborar provisionalmente, lo que atentaba, por la inestabilidad laboral, contra la independencia judicial. Se sabía que no existía interés de parte de algunos jerarcas en el empleo de la Ley de Carrera Judicial instituida desde 1994, pero no era utilizada, ya que no querían perder una cuota importante de poder, como lo era la designación de puestos, sin ningún criterio objetivo de idoneidad o capacidad, por lo que fue necesario ejercer presión. Se buscó la cooperación de organismos internaciones como el PNUD, la CEDAL, la Fundación Friedrich Ebert, la Asociación Catalana de Profesionales para la Cooperación con sede en Barcelona, España, las Asociaciones de Jueces de Argentina y Chile, Jueces para Democracia de España, para que nos asesoraran y capacitaran. Nos dimos a la tarea de persuadir al país sobre la necesidad de tener un Poder Judicial independiente con jueces capacitados profesionalmente, con estabilidad laboral e inamovilidad en los cargos;  realizamos talleres, seminarios y congresos hasta conseguir convencer a los magistrados sobre la pertinencia de la aplicación de la Ley de Carrera Judicial, lo que finalmente se conquistó. Sabemos que la ley no es perfecta, que debe ser revisada y mejorada, pero sin lugar a dudad es un método mejor que el que existía y en esto las actuales de ACOJUD tienen responsabilidad de lograr la reforma, teniendo como base las conclusiones emanadas el III Congreso Nacional de la Judicatura.

En su momento buscamos el mayor número de afiliados posible para tener representatividad y legitimidad y vincularnos a organismos internacionales que nos asesoren y fortalecieran. Así en 1994 ingresamos  a la Federación Latinoamericana de Magistrados (F.L.A.M)  y a la Unión Internacional de Magistrados (U.I.M.), organismos en los cuales no hemos hecho acreedores al respeto y al reconocimiento general, llegando en pocos años de presencia a ocupar las más altas posiciones directivas.

Para los Jueces Costarricenses, la U.I.M y la F.L.A.M. eran casi desconocidas y en aquel entonces no se le asignaba la importancia de pertenecer a ellas que ahora le otorgamos.

La Unión Internacional de Magistrados (U.I.M.), es una organización internacional profesional apolítica, formada por 75 países de los cinco continentes. Fue fundada en Salzburgo (Austria) en el año 1953. Sus miembros no son personas individuales, sino asociaciones de jueces que tienen interés en pertenecer a la misma.

El objetivo principal de la Unión es la salvaguardia de la independencia del Poder Judicial, condición esencial de la función jurisdiccional y garantía de los derechos humanos y de las libertades de la persona. Es la única Organización no gubernamental judicial, consultiva de la Naciones Unidas (ONU) y del Consejo de Europa.

La Federación Latinoamericana de Magistrados (F.L.A.M.) integrada en la actualidad por 16 países de América, fue fundada en Santiago de Chile en 1977, como una singularidad impuesta por la historia, la cultura y las lenguas comunes, para el tratamiento de las cuestiones que afectan a áreas concretas de nuestros países del continente y son sus principales objetivos procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional; además de ampliar y perfeccionar el conocimiento y la cultura de los jueces y estrechar el contacto entre las jueces de los países asociados, defender la dignidad y el prestigio del Poder Judicial y sus miembros;  estudiar problemas jurídicos comunes a fin de obtener el mejoramiento de las legislaciones y su uniformidad.

Por situaciones coyunturales la FLAM estuvo inactiva de 1997 al 2000, en razón de ello el Consejo Consultivo integrado por los Past Presidentes convocó a las asociaciones que la integraban para la celebración de un Congreso en San José, Costa Rica del 23 al 25 de febrero de 2000, se designó nueva Junta Directiva presidida por el juez costarricense Alejandro López Mc Adam, todos los países presentes se comprometieron a su reactivación y al fortalecimiento de la defensa de los objetivos que le dieron origen, lo cual se viene cumpliendo. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó, en su sesión del 3 de diciembre de 2009, la designación de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) de ser parte de las organizaciones de la sociedad civil registradas en la OEA, de conformidad con las Directrices adoptadas mediante la resolución CP/RES 759 para dicho propósito.

La ACOJUD por medio de muchos servidores, ha mantenido una ininterrumpida asistencia y participación en todas las reuniones y congresos que has desarrollado desde 1995 hasta la fecha, ganándonos un merecido reconocimiento internacional de responsabilidad y compromiso. A lo anterior hay que agregar que esta presencia ha sido siempre a costa de un sacrificio personal de delegados, ya que nunca la asociación desembolsó dinero en financiar esos desplazamientos, los viajes has sido costeados por los propios agremiados, lo que le da un valor añadido a dicha representación, lo cual debe ser apreciado por todos los asociados como una muestra de disposición, integridad y lealtad hacia la ACOJUD.

Los jueces ya no pueden conformarse con defender su independencia, siempre amenazada, ni con ejercer honradamente sus funciones de forma imparcial, encerrados en la dignidad de sus despachos, todo eso han de hacerlo como siempre y además de forma que sea visible y reconocida por los ciudadanos, pero  también han de salir a observar la realidad y analizarla de manera desapasionada, como lo puede hacer un profesional del oficio de juzgar, formulando después, con prudencia, pero con claridad, las propuestas de carácter científico, técnico – jurídico y practico que estimen más oportunas y convenientes para el mejoramiento del Poder Judicial, que es el pilar central del Estado de Derecho y la última garantía de los Derecho del Hombre.

Esa función de análisis y propuesta ni la pueden ni la deben ejercer los Jueces individualmente, asumiendo un indeseable e inconveniente protagonismo personal; por el contrario es una de las funciones propias de las Asociaciones Profesionales de Jueces, pluralistas, democráticos y alejadas del partidismo político. Insistentemente ha repetido a lo largo de todos estos años que “Hay cosas que un Juez aislado no puede, o incluso no debe hacer, pero si pueden y deben ser hechas o dichas por un colectivo de jueces nacional o internacionalmente intercomunicados.”

La tarea no ha terminado, queda mucho por hacer; la ACOJUD, por medio de sus nuevas generaciones, ha se seguir desarrollando su trabajo ampliando sus áreas de actuación, aumentando el número de sus miembros y sobre todo, ha de continuar defendiendo el más preciado tesoro de la judicatura universal: su independencia.