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Desafíos para la Judicatura Costarricense a propósito del XX Aniversario de ACOJUD

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03 sep Desafíos para la Judicatura Costarricense a propósito del XX Aniversario de ACOJUD

Desafíos para la Judicatura Costarricense a propósito del XX Aniversario de ACOJUD.

Raymond Porter Aguilar. Juez de la República 

 

La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) celebra sus veinte años de existencia, momento propicio para que jueces y juezas reflexionemos sobre los desafíos que debe afrontar la judicatura democrática que hemos ido construyendo. Nuestro objetivo principal como asociación, es la promoción y defensa de la Independencia Judicial, núcleo de la función jurisdiccional, entendida como garantía al servicio del ciudadano, implica que cuando alguien acude a los tribunales, espera que el juez o la jueza que decidirá su asunto lo hará conforme a la Constitución, la ley, los elementos probatorios incorporados al proceso y nada más que eso.  Es decir esta garantía busca que el juzgador o juzgadora estén a resguardo de las presiones  provenientes la propia estructura judicial, de otros poderes del Estado y poderes fácticos de la sociedad civil que pretendan  influir sobre su decisión.  Un buen ejemplo de lo que esta garantía ciudadana implica lo vimos en la masiva reacción ciudadana contra el intento de remover de la judicatura al Dr. Fernando Cruz, precisamente por ser un juez independiente y honesto. Debe aclararse que esta garantía no es un privilegio para las y los juzgadores, que les exima de  rendir cuentas, el que así piense está en un craso error, esa visión no cabe en un Estado de Derecho y debe erradicarse. El resguardo y promoción de la independencia judicial implica un  proceso, siempre perfectible,  que poco a poco ha dado sus frutos;  objetivo que pasa por el hecho de que el juez o la jueza no le deba el puesto a nadie, sólo  a sus méritos y atestados; que su estabilidad laboral no dependa de los vaivenes o caprichos de la vida institucional  y política del país; que su ascenso en la Carrera Judicial sea a través de mecanismos objetivos y transparentes,  no de su cercanía y complacencia con los grupos de poder económico o político; por tener una remuneración digna; por contar con la respuesta oportuna del Estado cuando su seguridad personal y la de su familia corran peligro en razón de sus funciones (por ejemplo en casos de Criminalidad Organizada).  Claro está, al lado de tan importante garantía,  está la  Imparcialidad, el juzgador o la juzgadora han de ser ajenos al conflicto sometido a su conocimiento y no tener interés en lo que se resolverá; también el que los asuntos llegue a sus manos por procedimientos transparentes que garanticen que nadie designe a un juez o jueza para un caso concreto, sino que ello sea producto del azar (Principio de Juez natural).  Los jueces y juezas de la democracia requieren un gran compromiso ético con la delicada misión de juzgar, ser personas intachables con acreditada honradez, ser conscientes de que brindan un servicio público trascendental para mantener el orden y la paz social, sea la Administración de Justicia;  y sobre todo que nunca pierdan de vista que sus decisiones recaen sobre seres humanos, cuyas condiciones de vida cambiarán por lo resuelto, lo que debe hacerse en estricta observancia a su inherente dignidad humana.  El juzgador y juzgadora han de actuar con eficiencia y eficacia, como lo manda el artículo 41 constitucional, garantizando al ciudadano una justicia pronta y cumplida. Para atender adecuadamente las demandas de los usuarios, el juez y la jueza tienen que estar claros en su deber de capacitarse y actualizar sus conocimientos pues el cambiante entorno social y la dinámica de la disciplina jurídica, exigen tal compromiso, como correlativo al  deber del Estado por brindar oportunidades e insumos para mejorar la calidad de nuestra justicia. Los Administradores de Justicia no deben olvidar que son servidores públicos y que en consecuencia, deben rendir cuentas de sus actos y decisiones, plasmando en sus fallos con claridad sus razones y motivos que en definitiva le otorgan legitimidad y credibilidad a la función jurisdiccional, pues las decisiones así serán objeto de conocimiento de las partes y la ciudadanía en general. La  ACOJUD en estos años han tenido como norte el cumplimiento de éstas y otras  expectativas que los habitantes de nuestro país tienen cifradas en nuestro gremio, así como dignificar a la judicatura costarricense con mejores juzgadores y juzgadoras.