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DECLARACION DE SAN SALVADOR

29 may DECLARACION DE SAN SALVADOR

DECLARACION DE SAN SALVADOR
El Salvador, 21 de mayo del 2014

Reunidos en San Salvador, República de El Salvador, en el marco de la II Conferencia Regional sobre Independencia Judicial y el fenómeno de la impunidad en Centroamérica, con el apoyo de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), los integrantes y representantes, del Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador, La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras, Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua y Asociación Costarricense de la Judicatura, integrantes de la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia,
denunciamos:

En el caso de NICARAGUA, señala la necesidad de dignificación del cargo de Juez y Jueza y que se mejoren sus condiciones laborales para garantizar mayor remuneración y estabilidad económica. También resalta las faltas al debido proceso en casos disciplinarios con resultado de destitución o separación del cargo y se quejan de que los abogados han procurado litigar en los procesos por medio de interposición de quejas, quejas que datan desde el año 2008. Agregan que se publica por medios de comunicación los casos de suspensión a jueces y juezas sin goce de salario,
provocando la actitud amarillista de los medios, que además ante cualquier noticia relacionada con el ámbito judicial crean una opinión sesgada ante la ciudadanía.

EL SALVADOR por su parte, denuncia vulneración y amenaza a la independencia judicial en la aplicación del régimen disciplinario, debido a que hay gran cantidad de denuncias acumuladas en la Sección de Investigación Judicial, que no se depuran, por lo que se mantienen a los jueces y juezas en vilo frente a una situación que no se define y esto tiene
efectos lesivos en los jueces y juezas para aspirar a cargos dentro del sistema judicial. Existen casos en los que se imponen sanciones por denuncias de hace muchos años, debe resolverse dentro de un plazo razonable cumpliendo con el debido proceso. El problema radica también en la estructura jurídica de la oficina que investiga y aplica sanciones disciplinarias, la cual no es de creación legal, por lo tanto se hace un llamado a la Corte suprema de Justicia a tomar acciones concretas para resolver esta problemática.

En lo referente a GUATEMALA, se denuncia espacialmente el caso de la Jueza Yasmín Barrios, del Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala, a quien se le ha juzgado disciplinariamente en un fuero distinto al que corresponde a los jueces y juezas, sea en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, imponiéndosele inicialmente un año de suspensión como abogada y luego de una revisión, se le impuso un llamado de atención público, pero siempre conoce un foro diferente al que corresponde sancionar a los jueces. Demanda la violación al principio de separación de poderes, debido a que el Congreso Nacional emitió un punto resolutivo en el que interfiere en la independencia judicial, llamando al judicial a apegarse a los lineamientos que ese poder considera correctos en los juzgamientos.

Los representantes de HONDURAS denuncian la exclusión de la Asociación de Jueces por la Democracia en la composición del Consejo de la Judicatura. También señalan violaciones al Debido Proceso, Derecho de Defensa, Principio de Imparcialidad, derecho a ser juzgados en plazos razonables, y aplicación de penas anticipadas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y juezas, aplicándose sanciones sin fijar el tiempo de duración de la misma y no se permite al juez o jueza conocer la imputación que se le hace ni se le permite aportar elementos probatorios o
recurrir, lo que ha obligado a la asociación a interponer recursos de amparos contra las decisiones de las suspensiones. Indican también que el Consejo de la Judicatura ha convocado a concursos, pero no establece las bases y las plazas y más grave aún, incorporó la aplicación de la prueba del Polígrafo a jueces y juezas, como elemento de idoneidad para el cargo. Se enuncia el que se hacen nombramientos al margen de concursos y se atienden recomendaciones políticas para el nombramiento de jueces y personal auxiliar, todo lo que crea entre jueces y juezas un sentido de inestabilidad y problemas emocionales porque ya no se sabe si con una decisión judicial puede ser despedido.

COSTA RICA refiere que la detención de una jueza de la penal de la provincia de Limón por sospecha de incorrecciones en su cargo, ha generado la idea de que el narcotráfico y crimen organizado ha permeado en la Judicatura y el Poder Judicial en general, lo cual es contraproducente para la legitimidad de la función jurisdiccional y menciona la necesidad de ser incluida la asociación en una comisión de recién creación, que tiene como fin la investigación de la injerencia de la criminalidad organizada dentro del Poder Judicial. Se señala también que hay un ataque sistemático al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, que data de 1937, el cual permite gozar de acuerdo al régimen de aportaciones, de una pensión digna en el tiempo de jubilación de un administrador (a) de justicia. Insiste en que el régimen goza de sostenibilidad financiera y actuarial, pero se ha tratado de radicar en la ciudadanía la idea contraria, por parte de la Superintendencia general de Pensiones y algunos medios de comunicación, con el objetivo de trasladar a los empleados judiciales y sus aportaciones al régimen general de pensiones.

Con base en lo denunciado por los integrantes de la judicatura centroamericana, la colectividad de asociaciones gremiales de la judicatura y la Comisión Internacional de Juristas, RATIFICAMOS:

1.- El compromiso permanente de defensa de la Independencia Judicial y de consolidación de los poderes judiciales y, teniendo en cuenta que la Constitución Política de todos los estados centroamericanos, garantizan la división de poderes y el derecho fundamental a contar con una judicatura independiente, que tanto la Declaración de Principios mínimos de sobre independencia de los poderes judiciales y de los jueces y el Estatuto del Juez Iberoamericano, Judicial, reclaman para la administración de Justicia, garantías adecuadas para el ejercicio de su función imparcial, instamos a los Poderes Judiciales a:

Que en NICARAGUA se fortalezca la dignificación de la Judicatura mediante el mejoramiento de las condiciones salariales a los jueces y juezas, suficiente e irreductible, así como que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa en los procedimientos disciplinarios, siendo necesario que no se suspenda a los jueces sin goce de salario, previo a la investigación disciplinaria correspondiente y que no se permita que las quejas infundadas sirvan como sistema para remover jueces. Se insta a la aplicación de periodos razonables de prescripción en la tramitación de
las causas disciplinarias.

Que en EL SALVADOR se ordene el procedimiento disciplinario, iniciando con la dotación de estructura carácter legal y no reglamentario, al órgano disciplinario, estableciéndose también mediante ley, sus atribuciones en estricto apego al debido proceso , incluyendo plazos razonables de prescripción en la investigación y aplicación de sanciones
disciplinarias, además de que debe brindarse mayor protección y seguridad a los jueces y juezas en el desempeño de sus funciones.

Que en GUATEMALA se rechace la sanción de amonestación pública realizada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Abogadas, ya que ese órgano es absolutamente incompetente para sancionar a un juez o jueza de la república por el ejercicio de su función. Además instamos a que se respete la división de poderes y la no injerencia sobre la
Independencia Judicial, lo cual se violentó por el Congreso Nacional de Guatemala, al emitir un pronunciamiento que califica decisiones tomadas por jueces en casos concretos.

Que en HONDURAS El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de reciente integración, respete el derecho al debido proceso y defensa en los procesos disciplinarios que se inicien contra los jueces y juezas, lo cual incluye aportar prueba de descargo y recurrir las resoluciones que se dicten en el proceso. Se insta además a la creación de un régimen disciplinario de raigambre legal y desechar los procedimientos y sanciones dictados por medio de circulares administrativas. También instamos a que se detenga la suspensión de jueces y juezas previo a ser investigados y no se imponga la suspensión como una sanción anticipada; Enérgicamente solicitamos se excluya la aplicación del polígrafo como una prueba a de idoneidad para jueces y juezas y que en el ingreso y ascenso a la carrera judicial, se realicen convocatorias a concursos con bases plenamente establecidas y señalando las plazas que se cubrirán, evitando el nombramiento de jueces y juezas que no han aprobado los concursos.

Que en COSTA RICA se respete el bloque de legalidad, dignidad e independencia judicial en las medidas que se dispongan con la finalidad de garantizar la probidad y transparencia de todas y todas los servidores judiciales y se insta a que se tome en cuenta la solicitud de la Asociación Costarricense de la Judicatura, realizada a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que se incluya un representante de la ACOJUD en la Comisión Investigadora sobre Penetración del Crimen Organizado y Narcotráfico en el Poder Judicial. Además se respaldan las acciones realizadas por ACOJUD en defensa del fondo de pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, como elemento de independencia judicial.

2.- Nos mantendremos alertas como sociedad civil y en la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia, a efecto de denunciar y detener las arbitrariedades que afecten la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas centroamericanos(as).
Firmamos el presente documento en la ciudad de San Salvador a los Veintiuno de Mayo del Dos Mil Catorce.

Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador

La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras

Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua

Asociación Costarricense de la Judicatura