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COMUNICADO ACOJUD

10 oct COMUNICADO ACOJUD

COMUNICADO DE ACOJUD

1.- La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), a través del artículo tercero de sus estatutos, tiene como finalidad, entre otras: promover la democratización e independencia de la función judicial y el for¬talecimiento de la dignidad e imparcialidad del juez y la jueza y así, proteger la independencia judicial de las injerencias jerárquicas o de otra índole en el ejercicio de su función jurisdiccional.

2.- El día 8 de octubre de 2013, se publica una nota periodística titulada “Juez manda a la calle 370 presos”, en la que se hace referencia a la resolución dictada el 24 de setiembre de 2013, por el señor Juez de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo Rodríguez. En la misma nota se asegura que el Magistrado Carlos Chinchilla Sandi, manifestó que pedirá a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia “que se anule tal resolución porque es una clara intromisión en las funciones del Poder Ejecutivo y además causa una sensación de inseguridad ciudadana…”

3.- Aclaramos que la resolución del Juez Murillo Rodríguez, NO ordena la liberación de 370 personas privadas de libertad, sino su reubicación en Centros de Atención Institucional en los que corresponda, considerando que el Centro de Atención Institucional de San José, no tiene como finalidad la reclusión de personas condenadas sino de aquellas que se encuentran en Prisión Preventiva y solo en caso de imposibilidad de cumplimiento, se dispone una desinstitucionalización bajo parámetros objetivos e individualizados -que deberán ser constatados por la autoridad penitenciaria- no en libertad, sino bajo programas semi institucionales.
Debido a lo expuesto, la información vertida no resulta veraz ni responsable, como lo exige el artículo 4 del Código de Ética de las y los profesionales en comunicación, puesto que hay ausencia total de análisis por parte del o la periodista, sobre los alcances de la resolución, desdeñando el interés por buscar fuentes objetivas que le informen sobre el verdadero contenido de la decisión, dejando de lado el conocimiento sobre la labor de protección de derechos humanos que día a día debemos realizar las juezas y los jueces de la República.

4.- Los Jueces de Ejecución de la pena en especial, tienen la obligación constitucional, convencional y legal, de asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales en condiciones que amparen la Dignidad de las personas privadas de libertad y de no hacerlo, se configuraría más bien un incumplimiento de deberes.
Aunado a lo dicho, la resolución del Juez Murillo, además del amparo del artículo 482.b del Código Procesal Penal y los instrumentos normativos indicados, encuentra sustento en varios votos de la Sala Constitucional, que le ordenan al Juez de Ejecución ordenar las medidas correctivas necesarias para evitar que se vulneren derechos fundamentales a las personas privadas de libertad, de forma eficaz, conforme también a los principios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5.- De ser ciertas las manifestaciones del magistrado Chinchilla Sandí, vulnera el principio de Independencia Judicial interna y se realizan en inobservancia de los principios contenidos en los artículos 154 y 155 de la Constitución Política, el 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el artículo 4 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985 emitidos por la ONU, Estatuto del Juez y Jueza Centroamericano (a) y el mismo numeral del Estatuto del Juez Iberoamericano, que señala que “En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de estas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos…”. Procesalmente, las resoluciones dictadas por el Juez de Ejecución de la Pena no tienen otro recurso que aquel que se platee ante el Tribunal de Juicio respectivo, por lo que la sola referencia por parte de un miembro de la Corte Suprema de Justicia a la revisión y anulación de una resolución judicial, sin contar con la competencia para hacerlo es considerada una amenaza directa a la independencia judicial interna. Es de aclarar también, que quien se encontraba legitimado para recurrir la resolución de marras era el Ministerio Público y no lo hizo y por ello, se encuentra firme la resolución judicial.

Con base en lo anterior, la ACOJUD:

1.- Exige la rectificación de la noticia en las mismas condiciones de espacio en las que fue publicada originalmente, por tratarse de una afectación directa a la independencia judicial y la legitimación de la judicatura.

2.- Censura la amenaza que, según la noticia, dirige uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de anular resoluciones que “causan sensaciones de inseguridad ciudadana” y exigimos a ese órgano colegiado, un pronunciamiento rectificando esas manifestaciones que no fueron dadas en carácter personal, sino como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

3.- Refuerza su responsabilidad de mantenerse vigilante ante amenazas y violaciones directas a la independencia judicial, sea de forma externa o por intromisiones endógenas.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACOJUD
Jueza Msc. Adriana Orocú Chavarría – Presidenta
Juez MSc. Antonio Darcia Carranza – vicepresidente
Juez MSc. Edgar Castrillo Brenes – Vicepresidente
Jueza MSc. Nuria Villalobos Solano – Secretaria
Jueza Lic. Vanessa Guillen Rodríguez-Tesorera
Juez MSc. Carlos Núñez Núñez-Vocal
Jueza MSc. Yerma Campos Calvo- Vocal
Juez MSc. Raymond Porter Aguilar- Fiscal