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Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza casos que afectan independencia judicial en Costa Rica

FOTO AGENDA CIDH

11 abr Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza casos que afectan independencia judicial en Costa Rica

Varios casos en los cuales la ACOJUD viene alzando la voz se están debatiendo en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos.

Se trata de actos que la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) considera violatorios de la independencia judicial, así como el procedimiento político para escoger a los magistrados vigente en Costa Rica.

Fue posible promover la discusión de estos temas a nivel internacional gracias al decidido acompañamiento del Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Tres de los casos que analiza la CIDH tienen que ver con procedimientos disciplinarios en contra de jueces y juezas costarricenses.

Estos son la sanción impuesta a la jueza Kathya Jiménez Fernández y al juez Jorge Araya Jiménez por resoluciones dictadas; el proceso disciplinario que se le sigue al juez Carlos Sánchez Miranda por haber resuelto a favor de una pareja del mismo sexo que solicitó el reconocimiento de su relación de hecho y el procedimiento a los jueces que resolvieron el primer juicio por la muerte del ambientalista Jairo Mora.

Además se debate en torno a si es democrático o no el mecanismo de escogencia de magistrados y magistradas que se aplica en el país.

La audiencia de la CIDH en la que analizaron los casos relacionados con Costa Rica se realizó el lunes 4 de abril.

En ella el gobierno de Costa Rica solicitó un plazo mayor a los comisionados para responder a las denuncias planteadas.

Según explicó Adriana Orocú, presidenta de ACOJUD, el interés de la Asociación es que el Gobierno de Costa Rica presente ante la CIDH no solo las respuestas a los cuestionamientos realizados sino que también las medidas correctivas a favor de la independencia judicial.

También la organización pretende que se promuevan las reformas necesarias al sistema de elección de magistrados y magistradas para que se ajuste a los estándares mínimos del sistema Interamericano.